Escribe Juan Francisco Rojas
La República
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La Administración Pública es y está conformada por un complejo conjunto de órganos, con las más distintas estructuras, que ejercen poder estatal para la satisfacción de los intereses colectivos de la sociedad. La clave para el desarrollo y la modernidad de los países ha sido contar con administraciones públicas profesionalizadas, justas, eficientes y que, principalmente, han sabido poner la pausa a los excesos del individualismo en perjuicio de la cohabitación pacífica de todos los que integran la sociedad.
La Administración Pública supervisa las actividades de los particulares mediante licencias, permisos, autorizaciones. La acción de supervisión de la Administración Pública en el Perú ha sido y es un obstáculo a la inversión privada – la demora excesiva es un característica -; las exigencias no guardan racionalidad –nunca se sabe cuál es el sentido de la mayoría de requisitos para realizar un trámite-; o, lo que es peor, existe corrupción en las gestiones – cuánto cuesta y a quién hay que pagarle para apurar u obtener un pronunciamiento-.
El silencio administrativo positivo (SAP) es un instrumento de gestión utilizado para enfrentar el retardo de las administraciones públicas con relación a los pedidos de autorizaciones, permisos y licencias de los particulares inversionistas. Mediante este mecanismo, transcurrido el plazo que la ley señala sin que la autoridad se haya pronunciado, se establece que la autorización, licencia o permiso se considera otorgado, pudiendo el particular proceder a ejercer la actividad.
¿Beneficia el SAP a los particulares inversionistas? ¿Es el mecanismo solución sobre el cual debe asentarse la gran reforma del Estado? La respuesta es negativa y es muy importante que los inversionistas así lo entiendan. El SAP es un mecanismo que, contrariamente a lo que se sostiene, perjudica al inversionista que requiere de una aprobación legal de su actividad para operar con certeza y tranquilidad.
En efecto, cuando la Administración no se pronuncia, sino que da por aprobados los pedidos, el inversionista no tiene la seguridad de que su actividad económica se ajusta a las previsiones legales que existen sobre la misma y que, además, no tendrá inconvenientes a futuro. Por el SAP, el inversionista únicamente tiene la omisión de evaluación alguna de la autoridad, y la gran incertidumbre de saber si dicha autorización convalida cualquier deficiencia legal. Sin embargo, el inversionista no sabe que la autorización, permiso o licencia que ha obtenido por esta vía será siempre nula si, con posterioridad, se determina que incumple con alguna exigencia de tipo legal. En consecuencia, obtener una autorización, permiso o licencia bajo esta condición es trasladar al inversionista los riesgos de la evaluación legal de la actividad, pues siempre el SAP puede ser declarado nulo.
Un aspecto – hasta ahora insuperable – es el de la acreditación de la autorización, permiso o licencia obtenido por SAP. El inversionista únicamente tiene para exhibir el cargo correspondiente a su solicitud, el tiempo transcurrido y su palabra de no haber sido notificado de pronunciamiento en el plazo de ley. Algún proyecto pretende introducir como medio de prueba una declaración jurada del inversionista a la autoridad administrativa. Sin embargo, nada de esto puede solucionar la cultura burocrática de lo tangible que existe en el Perú, donde los derechos tienen que acreditarse con títulos. Cualquiera que haya pasado por una inspección laboral, tributaria, municipal, sabe de la urgencia de dichos documentos.
¿Es una novedad salvadora el SAP? En el Perú se ha intentando utilizar el mecanismo desde 1989 (Ley de Simplificación Administrativa), pasando por 1992 (Ley Marco para la Inversión Privada) y el 2001 (Ley del Procedimiento Administrativo General) sin resultado satisfactorio. En el discurso presidencial de 1998, los mismos asesores de hoy, le hicieron creer al presidente de entonces, que esta era la solución. La realidad ha demostrado lo contrario pues, pese a las declaraciones, acciones de fiscalización, amenazas de responsabilidad para los funcionarios, e incluso sanciones contenidas en los textos legales, el problema de la Administración Pública sigue siendo el mismo: burocratismo, desconocimiento y corrupción.
Algún sector que defiende la implementación del SAP en toda acción de la autoridad, apuesta ideológicamente a que la Administración no controle ni supervise ninguna actividad de los inversionistas o que, en todo caso, no pueda hacerlo por los plazos breves y perentorios para la aplicación del SAP. Esto es un error y se puede apreciar, por ejemplo, en la cantidad de problemas de urbanismo y zonificación que hoy enfrenta Lima gracias a las licencias de funcionamiento obtenidas por SAP y que, en algún momento tendrán que revisarse.
Si lo que se quiere es una Administración Pública moderna y eficiente apostemos por dicho cambio y no por figuras que sólo son un maquillaje y un traslado del problema a los inversionistas y la sociedad. No se trata de esconder el polvo bajo la alfombra. El Estado debe supervisar algunas actividades y debe hacerlo en serio y con eficiencia y pronunciándose como corresponde.
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